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Las dos caras de una ley polémica

por / Comentarios desactivados / 1 Vistas / 26 mayo, 2016

Desde la publicación del anteproyecto, en noviembre de 2013, la Ley 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), comúnmente conocía como Ley Mordaza o Ley de Fernández, ha estado sometida a duras críticas. Tras su entrada en vigor, el pasado 1 de julio, la nueva modificación ha encontrado el rechazo tanto de la oposición y de numerosos colectivos ciudadanos, como de organismos jurídicos e internacionales como la ONU. Tachada de inconstitucional, para Juan Luis Álvarez Sánchez, abogado en ejercicio, la nueva reforma “no garantiza la seguridad de los ciudadanos, al contrario, recorta derechos fundamentales y atribuye competencias al Gobierno que deben corresponder al poder jurisdiccional”.

 

-Eliminación del control judicial

Con motivo de la reciente reforma del Código Penal, las infracciones penales han pasado a ser meras infracciones administrativas. Esto otorga una mayor potestad sancionadora a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCC), lo que ha provocado el rechazo de la gran mayoría. “El ciudadano queda desprotegido en un expediente administrativo sancionador en el que se da presunción de veracidad a los agentes de los cuerpos de seguridad”, explica el jurista.

El texto reúne un conjunto de conductas sancionables, algunas novedosas, que se dividen en faltas leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde 601 euros hasta 600.000 euros. Para el abogado, esto también va en perjuicio del ciudadano: “Al convertirse en infracción, esto puede causar un mayor daño que si se sancionara como infracción penal o delito”, indica, alegando que “no es lo mismo ser sancionado con una multa de 50.000 euros, lo que te puede suponer la ruina económica, que ser condenado con una pena de prisión de 6 mese a 1 año, la cual seguramente no cumplas si no te constan antecedentes”.

PROTESTA PLAZA CIBELES

Protestas en la Plaza de Cibeles.// Twiter

Uno de los temas más polémicos desde que se hizo público el proyecto de ley, y que a día de hoy sigue ocasionando un debate abierto, es el relativo a la posible vulneración de determinados derechos fundamentales y libertades públicas. Para Álvarez, algunas infracciones reguladas en la ley, como, por ejemplo, la grabación de imágenes a policías en el ejercicio de sus funciones, “vulneran claramente el derecho fundamental a la información, ya que dejan a la interpretación de la autoridad qué información se puede dar y cuál no, sin respetar el criterio profesional del informador”. De igual modo ocurre con el derecho de manifestación: “Si nos ceñimos a lo que nos dice el artículo en concreto, una mínima incidencia en el transcurso de una manifestación puede ser sancionada por la policía”, asegura.

Juan Luis Álvarez considera, además, que, con esta reforma, el Estado pierde su esencia democrática para convertirse en un estado policial”, y puntualiza que “pretende acallar la crítica social fortaleciendo en exceso la competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y dejando su actuación libre del control de jueces y tribunales”.

 

Garantía de los derechos y libertades

Desde su entrada en vigor, la pregunta sobre si era o no necesaria esta modificación de la ley ha tenido eco entre los ciudadanos en los últimos seis meses. Para Juan Carlos González, miembro adscrito a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, la presente reforma era precisa. “La anterior ley de seguridad ciudadana era del año 92 y era necesaria una actualización de la misma”, aseguró, añadiendo que, “dadas las modificaciones efectuadas en el Condigo Penal, era indispensable una nueva reforma legislativa para que no quedaran impunes ciertas conductas delictivas”.

La LOPSC establece en su artículo 36.1 y 36.2, que es infracción grave (de 601 a 30.000 euros) la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos etc., así como la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a determinados organismos públicos. Para el profesional de la seguridad, tanto la nueva norma como la anterior no restringe el derecho de manifestación. “Al contrario, garantiza aún más los derechos y libertades de las personas que deseamos vivir bajo el orden y la democracia”, explica, y agrega que los cambios “solo deben preocupar a los violentos, que son, en definitiva, los que no respetan las normas de convivencia establecidas en un estado de derecho como el nuestro”.

 

escudo uip

Fundada en 1989./Blogoperativapolicial

Por lo que respecta a la posible limitación del derecho a la información, la ley establece en su artículo 36.23, como infracción grave, el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales que pueda poner en peligro la seguridad ciudadana o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación. Para el policía, la normativa no induce a restricción alguna: “Los miembros acreditados de un medio de comunicación pueden grabar imágenes de intervenciones policiales y de los agentes que las desarrollan, siempre y cuando sepan dar el tratamiento adecuado a esas grabaciones para que no se vulnere ninguno de los preceptos establecidos en la presente ley”.

Un nuevo precepto no exento de diversa polémica es también el relativo a las llamadas devoluciones en caliente. Diversos colectivos políticos y ciudadanos han tachado de “inhumana” esta restricción fronteriza. Juan Carlos González, que ha vivido de cerca el régimen especial de Ceuta y Melilla, deja claro que, a pesar de que el derecho de asilo o refugiado es un derecho indiscutible, “para que se pueda solicitar se deben de dar una serie de condiciones en el país de origen del peticionario”. “El mero hecho de querer estar en mejores condiciones de vida, desgraciadamente, no justifica la concesión de asilo”, continúa, y explica que, “por lo tanto, es obligación del Estado español, a través de las FFCC de seguridad, salvaguardar la integridad del territorio nacional y la seguridad de sus ciudadanos”.

Inmigrantes intentando saltar valla en Melilla/www.abc.es

 

 

 

 

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